La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) solicitó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para manifestar su preocupación por la propuesta de reforma al Poder Judicial de México, enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024.
De acuerdo con el organismo, la elección por voto popular de juzgadores comprometería la independencia del Poder Judicial y llevaría a una politización de sus integrantes.
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